Pide vivir sin veneno: una mujer denuncia fumigaciones a 16 metros de su casa y nadie actúa

“Fumigan al lado de mi casa, con viento, sin aviso. Tengo que encerrarme mientras aplican veneno al aire libre, como si mi vida no importara”, expresa con angustia.

La afectada presento una nota el día 17 de marzo del corriente año ante el Concejo Deliberante y una denuncia en Patrulla Rural en el año 2023, pero hasta el momento, ningún organismo del Estado ha intervenido, no obtuvo ninguna respuesta concreta.

La situación no es nueva, pero se vuelve cada vez más preocupante: Las fumigaciones se realizan sin respetar distancias mínimas ni protocolos de seguridad, afectando directamente la salud de su familia. Cada año, durante la temporada de aplicación de agroquímicos, ella y sus dos hijas menores terminan en el médico. También sufre la pérdida de plantas frutales y flores que cultiva alrededor de su vivienda.

UN ESTADO AUSENTE

Mientras los concejales miran para otro lado y el municipio permanece en silencio, esta familia sigue expuesta todos los días a fumigaciones que violan cualquier criterio de cuidado. ¿Qué más hace falta para que actúen? ¿La inacción de quienes tienen poder de decisión los convierte en cómplices por omisión? No alcanza con recibir notas. A pesar de la denuncia radicada y la nota presentada sobre el riesgo sanitario y ambiental, el Concejo Deliberante y el municipio de General Alvear no han dado respuestas concretas ni han impulsado medidas eficaces. La situación exige un compromiso real por parte de quienes tienen responsabilidad institucional. La falta de actualización de la normativa vigente, sumada a la ausencia de controles, pone en evidencia una preocupante desatención estatal frente a un problema que compromete derechos fundamentales como la salud y el ambiente sano. No se trata de una opinión ni de un reclamo aislado: se trata de actuar conforme al interés público y al mandato que la ciudadanía les ha confiado. La salud de las personas no puede seguir esperando mientras los funcionarios hacen campaña o se esconden detrás de tecnicismos. Mientras el municipio de General Alvear omite su deber de protección, hay personas que viven con miedo, encerradas, respirando veneno, mientras otros eligen no mirar.

“No quiero pelear con nadie. Solo pido que me respeten como persona. No es una lucha contra el campo. Es por mi salud y la de todos los que vivimos en estas condiciones”, y agrega “Ya hice todo lo que se puede hacer por las vías institucionales. Solo quiero vivir tranquila con mi familia. ¿Qué más tengo que esperar para que alguien me escuche?” Es una exigencia básica de respeto, de cuidado, de dignidad.

Este caso no es aislado ni menor. Es el reflejo de una problemática que se repite en distintas zonas rurales del país, donde las personas son expuestas a químicos sin protección ni resguardo legal. Mientras el Estado local permanece ausente, hay familias que viven con miedo, que ven afectada su salud, su entorno y su dignidad. No se trata de oponerse al trabajo rural ni a la producción, sino de exigir un equilibrio justo, donde la salud y el ambiente sean respetados. Actuar no es una opción: es una obligación legal, ética y humana

UNA ORDENANZA DESACTUALIZADA

La denunciante impulsa la modificación de la ordenanza municipal N.º 1669/11, que regula el uso de productos fitosanitarios en el distrito. La normativa actual establece apenas 100 metros de resguardo hacia zonas urbanas y escuelas rurales, y solo 20 metros respecto de cursos de agua, sin ninguna distancia mínima para viviendas rurales, como es su caso.

“No estoy pidiendo nada raro. Sólo que respeten una distancia para que pueda vivir en paz. ¿Es mucho pedir? “y agrega es una demanda humana, urgente y legítima

En su petición, señala que esta ordenanza es completamente insuficiente y obsoleta, considerando la evidencia científica sobre los riesgos del glifosato, atrazina, cipermetrina y 2,4-D, algunos de los cuales están clasificados como probablemente cancerígenos para humanos por organismos internacionales como la IARC (Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer).

Además, denuncia que sus padres —quienes vivieron toda su vida en esa misma zona rural— murieron de cáncer, y que en la región se observa un aumento alarmante de enfermedades oncológicas, lo que refuerza la urgencia del reclamo.

¿QUÉ DICE LA LEY?

En otras jurisdicciones del país, fallos judiciales han impuesto distancias mínimas de entre 100 y 500 metros para fumigaciones terrestres cercanas a viviendas, escuelas o zonas habitadas. Existen también normativas provinciales y principios constitucionales que amparan el derecho a la salud y a un ambiente sano.

Sin embargo, en General Alvear, las fumigaciones continúan al lado de las viviendas rurales, sin control municipal visible, en una ausencia total de fiscalización. Esto pone en juego no solo la salud de una familia, sino la responsabilidad del Estado ante situaciones de riesgo ambiental.

UNA PROPUESTA CONCRETA Y URGENTE

La ciudadana alvearense no solo denuncia: también propone. Entre sus reclamos figuran:

Establecer zonas de resguardo reales y seguras para todas las viviendas rurales.

Actualizar la ordenanza municipal con base científica.

Implementar controles efectivos del municipio.

Promover el uso de alternativas menos tóxicas y más sustentables.

Priorizar el derecho a la salud por encima de cualquier interés productivo.

Ante la inacción de las autoridades, decidió lanzar una petición pública a través de la plataforma Change.org, en la que exige una actualización urgente de la normativa local. La campaña ya comenzó a recibir apoyo de vecinos del distrito y de otras regiones afectadas por situaciones similares.

Firmá la petición acá:
https://chng.it/gXRXhwNfB4